A partir del extenso confinamiento obligado por la pandemia de COVID-19 durante casi todo el año 2020 y parte de 2021, surgió en la discusión global, no solo entre arquitectos/as y urbanistas, sino también en la ciudadanía en general, el debate sobre temas relevantes y cruciales para la salud urbana. Se difundió ampliamente la importancia de conceptos como la «ciudad de 15 minutos», los espacios públicos de calidad y los estándares mínimos de habitabilidad en viviendas, centros de salud, instituciones educativas, entre otros. En estos años, en todas las ciudades del país, también se han desarrollado y aprobado los Planes de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), los cuales, al menos en el caso de Quito, exponen y proponen un ideal de ciudad equitativa, inclusiva, sostenible, segura, con mayor densidad, mejor transporte público, y protección y gestión del patrimonio, entre otros objetivos.
Sin embargo, un hecho aparentemente simple, como la construcción de un cerramiento en el perímetro de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar, ha generado una notable reacción por parte de la ciudadanía y de profesionales de la arquitectura y el urbanismo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que este cerramiento se aleja todo lo que el PUGS, en teoría, busca o promueve.
Es indiscutible que un muro ciego, especialmente de tal extensión —que abarca una cuadra completa en sus cuatro frentes—, genera una absurda desconexión entre la dinámica barrial y las instalaciones de la Unidad Educativa. El Colegio Benalcázar, como es conocido familiarmente, ha sido un referente importante en la estructura urbana del sector y en su relación con los vecinos. Desde hace tiempo, ha surgido la pregunta: ¿qué hace un colegio en ese lugar, especialmente en terrenos con alta plusvalía y actividad inmobiliaria?
Precisamente, su presencia es vital porque refuerza los elementos fundamentales para mantener una zona urbana activa: usos mixtos, adecuada densidad, cercanía a otros centros educativos, centros de salud y transporte público, entre otros. Además, destaca por su característica de frentes de lote abiertos y permeables. El predio del Colegio Benalcázar se encuentra en una zonificación M (Múltiple), en la cual “se permitirá únicamente el uso de cerramientos móviles o desmontables, por la noche, con una altura máxima de 2.50 m sobre el retiro frontal”. Sin embargo, contradictoriamente, la misma normativa establece una excepción para los equipamientos educativos. (Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo. Tomo 2: Edificabilidad. 1.3.7 Cerramientos: 1.3.7.2)
Entonces, ¿qué sucedió? ¿Nuevamente prevalecen planteamientos individuales que ignoran lo integral y urbano? ¿Se busca que la compleja y costosa ($280,000.00) propuesta geométrica del cerramiento desvíe la atención del verdadero perjuicio urbano que ha causado?
En nuestra región y en el mundo, los proyectos de equipamientos educativos suelen diseñarse de manera que garanticen que los espacios públicos o semipúblicos y los espacios abiertos brinden un uso y ocupación flexible y lo más abierto posible a los habitantes del barrio y del sector. Grandes canchas, espacios recreativos y deportivos, y auditorios suelen abrirse a la comunidad los fines de semana o por las noches, ofreciendo un servicio más amplio, optimizando recursos y fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia.
El Colegio de Arquitectos de Pichincha ha ofrecido en repetidas ocasiones su capacidad técnica para aportar en temas de arquitectura y ciudad. Como arquitectos/as, sabemos que existen innumerables alternativas técnicas para resolver cualquier problema que haya tenido el cerramiento anterior y para proponer una solución que garantice las mejores condiciones tanto para el colegio como para la ciudad, sin causar un impacto negativo tan grave en un barrio de Quito. Este es el verdadero sinsentido: una Unidad Educativa Municipal que decide blindarse frente a la ciudad y a la comunidad.
Cortesía: El Comercio